¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia económica?

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La empresa en el modo de producción capitalista es jerárquica y profundamente asimétrica en la distribución del poder. Quizás por ello, las experiencias de empresas democratizadas, en buena parte debido a la presión constante realizada por los sindicatos, son variadas y valiosas. Cómo en la actualidad se corre un riesgo serio de que el paradigma neoliberal de la economía conduce a un debilitamiento generalizado de la democracia, adquieren un nuevo sentido los esfuerzos y las explicaciones que revaloricen y enriquecen la democracia económica.  Acceder a PDF 

Por Felix García Moriyón

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Un marco general para abordar el tema

Es un hecho que los seres humanos somos seres sociales, muy probablemente una de las especies animales más solidaria y colaborativa,  y que nuestra gran baza adaptativa, la que puede explicar nuestro éxito como especie, quizá sea precisamente la capacidad de abordar tareas en colaboración buscando las soluciones más adecuadas mediante el uso de la razón.

Alcanzar acuerdos, atender los diversos intereses que están presentes en una sociedad, algunos de ellos opuestos, otros incluso contradictorios, no es tarea sencilla. La mayoría de los conflictos son constructivos, es decir, aquellos en los que se pueden encontrar soluciones que satisfagan razonablemente a todas las partes, pero en otros casos es muy probable que alguien salga perdiendo. De cara a la toma de decisiones, se pueden proponer diferentes alternativas centradas en quiénes toman las decisiones y cómo se toman y, sobre todo, qué objetivos se persiguen con esas decisiones y en qué medida se logran. El adecuado balance de estas cuatro dimensiones es lo que todo grupo humano debe lograr para resolver esos problemas de tal modo que la gran mayoría, o mejor aún, la totalidad de sus miembros logren satisfacer sus necesidades, en un fructífero enlace entre los satisfactores y las necesidades.  Este último punto es muy importante y podemos considerarlo como el decisivo para evaluar la calidad de una organización social: es necesario satisfacer las necesidades de todos sus miembros.

Dada la complejidad de la organización social, sobre todo cuando la población supera un determinado número de personas, lo que afecta a la práctica totalidad de los Estados existentes, está claro que no existe un modelo único de organización social que pueda ser válido en todo tiempo y lugar, algo que ya había observado Aristóteles. En el mundo actual, avanzando en una tendencia que se abre paso lentamente en la larga Edad Media (cronología eurocéntrica, claro), da un salto cualitativo a partir de la Revolución de 1688 en Inglaterra, con la que comenzó la democracia parlamentaria tal y como hoy la entendemos. Siguieron un siglo después la Revolución de las Trece Colonias (American Revolution) y la Francesa, que tienen su continuidad en España con la Constitución de 1812. El proceso de democratización se va acentuando y alcanza su plenitud tras la II Guerra Mundial y con el proceso de descolonización, que llena la segunda mitad del siglo XX y da lugar a una situación en la que la democracia constituye el referente de legitimación de prácticamente la totalidad de los países existentes en el mundo, 193 miembros de las Naciones Unidas, a los que podríamos añadir las otras 26 entidades con niveles de soberanía y reconocimiento internacional discutibles.  Eso sí, debemos ser conscientes de que en estos momentos son diversos los indicadores que señalan un retroceso de las democracias (EUI, 2018), rompiendo una tendencia al alza que llevaba varias décadas: algunos pronósticos son duros, las democracias están muriendo o desapareciendo (Cohen y Runciman, 2018).

Una definición operativa de democracia

No podemos decir que exista un acuerdo sustancial en lo que debemos entender por democracia, más allá de lo que indica la propia palabra: poder del pueblo. La etimología de este término deja claro cuáles son los sujetos y el objeto: nos centramos en el pueblo (demos), esto es, en la población directamente incluida en la respectiva sociedad o institución y en el poder (cracia), esto es en la capacidad que esos sujetos tienen de incidir en la toma de decisiones haciendo valer sus propios intereses y puntos de vista. Esta etimología es muy interesante, en la medida en que aparece en la definición descriptiva de diferentes formas de Estado: demo-cracia, aristo-cracia, timo-cracia, pluto-cracia, tecno-cracia… Existe otro sufijo habitual —arje—que guarda relación con el poder, pero subrayando la distribución del mismo; aparece en términos como mon-arquía, poli-arquía, an-arquía, aut-arquía…, según se hace un modelo más o menos jerárquico, es decir, según se articula la cadena de mando, de un modo más vertical a otro más horizontal.

Sin ánimo de zanjar la cuestión, podemos aceptar cuando menos dos definiciones con cierto sentido operativo, es decir, para situar esta reflexión. Se pueden discutir, pero son suficientemente sólidas. La primera es la que elabora uno de los teóricos reconocidos en este campo, Robert Dahl; la segunda es la que se obtiene a partir del índice de democracia elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist(EIU por sus siglas en inglés).

Robert Dahl (Dahl, 1989) lo tiene claro desde el punto de vista de la filosofía política: un país —podríamos hacerlo extensivo a una organización o institución— es tanto más democrático cuanto mejor cumple estos cinco criterios: 1. Participación efectiva, lo que exige que los ciudadanos tengan oportunidades iguales y efectivas de elaborar sus propias preferencias, plantear los temas que deben ser discutidos en la deliberación pública y expresar razones a favor de un resultado u otro; 2. Igualdad de voto en la fase decisoria: debe estar garantizado que, en la toma de decisiones, cada voto tendrá el mismo valor; 3. Comprensión informada: las personas que forman la sociedad deben tener amplias y equitativas oportunidades para conocer qué elección sería la más adecuada para sus intereses; 4. Control de la agenda: el pueblo (demos) debe tener la oportunidad de decidir los temas políticos que son sometidos a deliberación; 5. Inclusividad: la equidad debe ser extensiva a todos los ciudadanos del Estado, pues todas las personas tienen intereses legítimos en el proceso político.

Por su parte, el Índice de Democracia, buscando un modelo que permita evaluar con cierto rigor el nivel de democracia de un Estado, propone utilizar 60 indicadores, que se agrupan en cinco categorías distintas: proceso electoral y pluralismo; libertades civiles; funcionamiento del gobierno; participación política; y cultura política. Son indicadores que pueden permitir averiguar con cierto rigor en qué medida una sociedad puede ser considerada democrática, y la metodología empleada para elaborar este índice es pública, al aparecer en los informes anuales publicados, y es susceptible de crítica y mejora (EUI, 2018). En este último informe sobre el estado de la democracia en el mundo, solo 19 países son considerados democracias plenas (puntuación superior a ocho sobre diez), el 11,37% de los países encuestados; 57 son democracias imperfectas, 39 son regímenes híbridos y 52 son calificados como autoritarios.

Así pues, son indicadores valiosos, pues podemos estar de acuerdo fácilmente en que son esenciales o condiciones necesarias: si faltan, la democracia se resiente hasta llegar a desaparecer. Se centran de manera especial en lo que constituye en núcleo inicial de un proceso de consolidación democrática, las libertades personales, el respeto a la ley y al proceso debido, así como una eficaz política de controles y equilibrios entre los distintos poderes que existen en una sociedad. Sin embargo, no son condiciones suficientes, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad de alcanzar los objetivos que son propios de una sociedad política: la satisfacción de las necesidades diversas y jerarquizables —puede valer la conocida pirámide de Maslow— de toda la ciudadanía, lo que también puede equipararse al grado de bienestar (quizá felicidad) de la sociedad. Por eso mismo, debemos acudir a otros dos índices que ofrecen una imagen más rica de la igualdad y bienestar de las personas que forman parte de una sociedad: uno es el Índice de Desarrollo Humano, que tiene en cuenta tres elementos: el nivel de salud (esperanza de vida al nacer), el nivel de instrucción (alfabetización y escolarización) y los ingresos (PIB por habitantes); y el otro es el índice de Gini, que mide la equidad o igualdad. Desde luego, se sigue avanzando en otros índices encaminados a evaluar el grado de bienestar social.

Termino estas consideraciones con una observación que estimo pertinente: si contemplamos la lista ordenada de países en el Índice de Democracia con la del Índice de Desarrollo Humano, veremos que no son muy coincidentes. Esto me lleva a algo muy importante, que nunca debemos pasar por alto: para una parte significativa de la población, lo fundamental en una sociedad, como en toda organización, no es tanto la posibilidad que tengamos de participar en la deliberación y toma de decisiones cuanto la capacidad de las instituciones y de las personas que ejercen las posiciones desde las que realmente se planifican y ejecutan los proyectos y se cumplen las expectativas que en ellas han puesto los ciudadanos. Con cierta frecuencia y en determinados ámbitos de sus vidas, las personas no tienen problemas con delegar la toma de decisiones en otras personas, siempre y cuando éstas lo hagan bien, en el doble sentido de ser eficientes y moralmente aceptables; la democracia no goza de tanto prestigio entre los ciudadanos, sobre todo por el esfuerzo que exige tomarse en serio la participación en el proceso de deliberación y decisión (Arias Maldonado, 2014).

Los ámbitos de la democracia

Aunque el adjetivo “democrático” se aplica hoy día con cierta frecuencia más allá de las instituciones estrictamente políticas, no está del todo claro que eso sea válido. Si ya es difícil definir la democracia, puede resultar todavía más difícil decidir si tiene sentido o si es posible hablar de una economía democrática o si podemos aplicar el adjetivo a otras instituciones y actividades, en principio alejadas del ámbito de la política.  Esto, junto a lo anterior, es lo que en definitiva explica que el título del artículo sea una pregunta en lugar de un enunciado.

Por ejemplo, ¿puede una familia ser democrática? No está muy claro, puesto que existe una fuerte asimetría entre sus miembros, estando los hijos en minoría de edad y, por tanto, en proceso de formación, lo que parece limitar significativamente su capacidad de deliberar, dada su falta de dominio en competencias cognitivas y su insuficiente información  sobre los temas sometidos a decisión. Lo mismo podría decirse de la escuela, en la que de nuevo nos encontramos con una clara asimetría entre los miembros de la comunidad educativa: la pericia profesional y el poder académico del profesorado le sitúa en posición de poder frente al alumnado, personas menores de edad en proceso de maduración. Recordemos que en los Estados democráticos no tienen derecho a voto los menores de 18 años y otros colectivos, entre los que se encuentran personas con ciertas discapacidades cognitivas o algunas de las personas en prisión.

Es igualmente muy duduso que los ejércitos puedan ser democráticos, puesto que en ellos hay sólidos argumentos para excluir a los soldados de tropa de los procesos de deliberación y toma de decisiones, en especial en situaciones de conflicto bélico, optando más bien por un procedimiento claramente jerárquico, en el que es imprescindible que se respete la cadena de mando, con estricta obediencia a las órdenes dadas por las personas que ocupan posiciones de mando, oficiales y jefes, en la institución. Quizá podríamos incluir aquí los hospitales, en este caso con una asimetría en conocimientos entre quienes tienen la formación médica exigida y el resto de las personas que trabajan en el hospital, incluidas las personas enfermas. Lo mismo se puede decir de otras instituciones sanitaras o asistenciales, o de las cárceles.

No obstante, las dudas respecto a la posibilidad de democratizar las instituciones anteriormente mencionadas no deben plantearse en modo dicotómico, como si la democratización fuera un proceso en el que solo vale el todo o nada. Incluso aplicado a su campo más específico de la política, ya hemos visto que hay niveles de democracia. Del mismo modo, en esas instituciones, aparentemente ajenas a modelos democráticos de organización, existen criterios para lograr que se introduzcan prácticas democráticas que garanticen los derechos de todas las personas (es el caso de los pacientes de los hospitales o de los miembros del ejército, protegidos igualmente por derechos que limitan, por ejemplo, la obediencia debida). Y más claro todavía es el caso de las escuelas, en las que desde los primeros años se puede aplicar un modelo educativo que promueva el crecimiento moral y cívico de los estudiantes mediante la adquisición de hábitos de comportamiento propios de sociedades democráticas. Al mismo tiempo, se exige del profesorado una actuación absolutamente respetuosa de los derechos de los menores y se puede llegar a organizar la vida escolar con procedimientos democráticos, como lo muestra la red mundial de escuelas democráticas.

La frágil relación entre democracia y economía

Nos centramos exclusivamente en la economía, y de forma más precisa en la empresa, como institución en la que se produce la mayor parte de los bienes y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades humanas. Los rasgos fundamentales de la actual configuración de las relaciones sociales de producción tienen su origen en la misma época en la que nace la democracia tal y como la hemos definido anteriormente, esto es, en Inglaterra a finales del siglo XVII. Aunque mucho ha cambiado desde entonces el modelo económico, los rasgos fundamentales que se van imponiendo desde su origen se mantienen en la actualidad. Romper con el anterior sistema de relaciones económicas y productivas de las sociedades estamentales estuvo orientado a potenciar la libertad de las personas para convertirse en productores independientes que se embarcan en procesos de libre intercambio mercantil con otras personas. Ya no tienen que depender de un señor casi feudal ni tampoco de un gremio que regula el proceso de formación y acreditación, sino que se convierten en productores autónomos, dueños de su trabajo y su tiempo, con la capacidad de convertirse en productores independientes o en trabajadores a sueldo. Al mismo tiempo, se inicia y consolida un sistema de trabajo articulado en torno a la división entre los patronos o dueños del taller o tierra y los trabajadores: el trabajo asalariado.

Desde luego, como lo dejaron bien claro los levellers (niveladores) —considerados demócratas radicales— y con más fuerza los digger (cavadores) —con un planteamiento proto-anarquista—, esas modificaciones económicas iban vinculadas a la implantación de la democracia política y la abolición de la monarquía absoluta, garantizando la propiedad, la libertad y la independencia, así como la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, que dejan de ser súbditos. Democracia y economía  de mercado nacen juntas, hasta el punto que algunos autores han llegado a considerar que se trata de una unidad indisoluble: sin capitalismo y libre mercado no es posible la democracia, y viceversa. Y al menos temporalmente, esa vinculación se dio en el espacio y el tiempo. Ese es el sentido de la llamada democracia liberal, que se define por tres rasgos centrales: una economía de mercado que pivota sobre el mercado libre (la mano invisible de Adam Smith) y los incentivos económicos (la creación de valor y el incremento de la plusvalía); una política democrática, en el sentido estricto de Estado de Derecho, en especial los derechos individuales, con algunas intervenciones mínimas en lo social y lo económico; y un sistema moral-cultural liberal, que se centra en los individuos y el pluralismo (Novak, 1982; Younkins, 1998).

Ahora bien, como muestra Elizabeth Anderson (Anderson, 2017), las aspiraciones democráticas iniciales no fueron muy lejos. Según se fue implantado el modelo, estuvo claro que la producción de riqueza no estaba al alcance de artesanos y campesinos  individuales dueños de su vida y su trabajo como productores libres, sino que se fue generando una acumulación de la riqueza en pocas manos. Las leyes del siglo XVIII sobre el cercamiento de las tierras y el crecimiento de centros de producción con muchos trabajadores, a lo que se sumaba la progresiva mecanización del trabajo, modificó seriamente el proceso, provocando la aparición de una gran desigualdad entre las personas que poseían los grandes terrenos (latifundistas) y los medios de producción de la incipiente industria y aquellas personas que solo poseían su capacidad para trabajar como asalariados.

No es de extrañar que en la segunda mitad del siglo XVIII aparecieran las primeras obras de estudio científico de las relaciones sociales de producción, dando paso a la ciencia económica y en concreto, la economía política, con Adam Smith como uno de los fundadores. Rompiendo parcialmente con el mito fundacional del moderno capitalismo expuesto en la fábula de las abejas de Mandeville (los vicios privados generan virtudes públicas) o con lo que posteriormente se ha denominado individualismo posesivo (Mcpherson, 2005), Adam Smith daba un profundo sentido moral a la economía, resaltando que los seres humanos dependen los unos de los otros, y el interés propio, personal o individual (el carnicero) depende de lo que contribuya al interés de los demás (sus clientes), lo que exige un sentimiento de simpatía y adoptar una mirada imparcial que sepa ponerse en el lugar de los otros (García y Sanz, 2016). No obstante, esta aportación de Smith no arraigó en el nuevo modo de producción propio de la democracia liberal, que sí resaltó el “individualismo egoísta” (los vicios privados) y  “la mano invisible del mercado” (las públicas virtudes).

Siguiendo con Anderson, el hecho es que se fue consolidando un modelo de empresa regido por cuatro principios básicos: la inviolabilidad de la propiedad privada, la búsqueda del beneficio económico como objetivo central de la producción, la estructura completamente jerarquizada de la organización del trabajo y la concentración del poder en los propietarios de los medios de producción (sean éstos personas particulares o accionistas mayoritarios en el consejo de administración). El régimen interno de la empresa se convirtió en un gobierno privado autoritario, incluso despótico, algo que no ha dejado de ser desde entonces.

Es más, el modelo empeoró al iniciarse el sistema de trabajo en cadena a principios del siglo XX. Siguiendo los consejos de Saint Simon, se aplicó el método científico a la organización de la actividad en las empresas o centros de trabajo. Nació entonces como disciplina científica la sociología del trabajo, que se consolidó  muy a finales del s. XIX con mentores tan importantes como Taylor, con la obra seminal de 1911 Los principios de la administración científica,y otros autores cercanos a Taylor, como Gantt y Klyce. Este último insistió en buscar una administración científica del trabajo, un sistema de cooperación y democracia en la empresa, pero a continuación afirmó que la democracia “consiste en que la persona capaz toma la iniciativa de dar ‘órdenes’ en los casos en que posee una  habilidad superior, y los demás se someten: es la relación entre amo y esclavo, independientemente de que pueda llamarse de otra manera” (Rosenthal, 2018). Es más, uno de los conceptos clave que aportan al incipiente fordismo es el “sistema de tareas y bonificaciones”, que combina una tarea básica fija y un salario por tiempo con bonificaciones por exceso de trabajo. El sistema se inspiraba explícitamente en el modelo organizativo de las plantaciones de esclavos en los Estados del sur de Estados Unidos (ibidem).

Por un modelo alternativo de relaciones sociales de producción

Como no podía ser de otro modo, a principios del siglo XIX surgió una alternativa organizativa y unos mecanismos para enfrentarse a ese modelo, que implicaba un alto costo para campesinos y trabajadores y generaba desigualdades notables. Sin duda,  potenciaba la libertad, entendida de modo individualista, lo que explica su relación con la democracia liberal,  pero descuidaba seriamente la igualdad y la fraternidad. La alternativa fue puesta en práctica por algunos de los llamados socialistas utópicos, que crearon modelos alternativos de organización de la producción, basados en otros principios fundamentales, en los que primaba una organización menos jerarquizada y más horizontal, cooperativa; además, cuidaba las condiciones de trabajo del personal laboral y planificaba la producción orientada a la satisfacción de las necesidades de la mayoría y no al lucro personal de los propietarios de los medios de producción o de la cúpula de las personas que ocupaban puestos de dirección. La mayor parte de esos esfuerzos fracasó tras unos años de experimentación, pero dio paso al inicio del cooperativismo, cimentado en principios organizativos democráticos y en los intereses de los asociados junto con los intereses de la comunidad, aunque dentro del marco general de la sociedad de libre mercado, un modelo que sigue vivo en la actualidad.

El segundo frente de oposición al modelo fue la aparición del sindicalismo, esto es, de la unión de los trabajadores para defenderse de las políticas empresariales y avanzar hacia una sociedad en la que la igualdad y la solidaridad se concretaran en unas relaciones sociales de producción alternativas. Recurriendo a diferentes tácticas de lucha, acción directa e intervención social, con altibajos notables en los resultados obtenidos, lograron mejoras sustanciales y significativas en esas condiciones de trabajo, entre las que se incluían algunas orientadas a una mayor participación en la gestión. Además, propiciaron la formación de cooperativas, llegando en su momento a crear formas alternativas de empresa, tras procesos revolucionarios: los soviets, en el marco de la Revolución Rusa, las colectivizaciones implantadas por los anarquistas en España tras el golpe de Estado de los militares en 1936, los kibutz en los primeros tiempos de Israel y otra variedad de sistemas autogestionarios y participativos, como pueden ser los de la época socialista de Yugoslavia.

Una tercera línea de intervención fue la propiciada desde las instancias políticas, en especial el poder ejecutivo y el legislativo, cuyo objetivo era abordar y solucionar, o al menos minimizar, lo que se llamó la cuestión social: las nefastas consecuencias de un modelo económico y empresarial que dejaba en manos de los empresarios, movidos fundamentalmente por el afán de lucro, la regulación de las condiciones de trabajo. Pioneras fueron las iniciativas de Bismarck  a finales del siglo XIX, iniciando una política activa de leyes sociales para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en general y también de los trabajadores. Desde esos años finales del siglo XIX, se suceden políticas activas de los gobiernos de muy diferentes tipos, todas ellas encaminadas a controlar el poder de los propietarios de los medios de producción. Este proceso de intervención estatal, que se traduce en leyes laborales, mercantiles y sociales, así como en la aparición de empresas de propiedad estatal o empresas públicas, culmina con el pacto social que se firma después de la Segunda Guerra Mundial, consolidando lo que se ha llamado el Estado social y democrático de derecho, que se sustenta en cuatro pilares de servicios gratuitos: sanidad, educación, pensiones y dependencia. A ello se añaden importantes leyes que regulan el mundo del trabajo y de la economía de mercado. Los dos pivotes cruciales para llegar a un cierto pacto social son la actividad constante de los sindicatos y los derechos de negociación colectiva.

La crisis del pacto social y el debilitamiento de la democracia económica

En las últimas cuatro décadas aparece un fuerte movimiento liderado por las clases sociales altas y por las grandes corporaciones multinacionales: bajo el nombre de neoliberalismo, asistimos a políticas directamente encaminadas a recortar esos logros señalados en el apartado anterior, para volver a la democracia liberal en sentido estricto. El neoliberalismo pretende intencionadamente acabar con la intervención reguladora y mediadora del Estado, debilitar seriamente el poder de los sindicatos y liberalizar al máximo la economía, modificando las leyes, en especial las leyes que controlan los mercados y las relaciones laborales. El libre mercado se entiende básicamente como un sistema en el que hay que maximizar la libertad de los empresarios para conseguir incrementar constantemente los beneficios. Sobre todo, se exige acabar con la negociación colectiva y se potencia la externalización y fragmentación del trabajo, lo que daña gravemente la capacidad de organización sindical.

Las consecuencias han sido claras. Para empezar, un debilitamiento creciente de la clase obrera, que en gran parte ha perdido la conciencia de clase, esto es, la conciencia de un grupo de personas cuya vida está marcada por las relaciones sociales de producción, en las que  padecen situaciones de opresión y explotación. Esa conciencia da paso a lo que explicaba bien Sennett en su texto sobre la corrosión del carácter. Al mismo tiempo, las condiciones laborales se deterioran, dando lugar a lo que se llama “precariado”: trabajadores fragmentados privados de los derechos de negociación colectiva,  falsos autónomos que no pueden recurrir a ciertas protecciones de la legislación laboral, personas que trabajan a tiempo parcial, con contratos temporales y salarios tan bajos que provocan la aparición de personas asalariadas en riesgo de pobreza o directamente en situación de pobreza. Se ha generado una situación que refuerza la tesis del fondo esclavista de las relaciones laborales en el capitalismo liberal. Bajo el eufemismo de “economía colaborativa”, se ha provocado una situación muy grave  (Fowler, 2018), en la que la indefensión de los trabajadores les lleva a situaciones muy precarias, cercanas a la esclavitud de la que habla Rosenthal en su libro.

Esto provocaun debilitamiento de la democracia en general, incluida la estrictamente política, y una creciente desigualdad, obviamente con claras diferencias según los sitios (España ocupa una muy mala posición, la cuarta por la cola, cerca de un nivel crítico de desigualdad 0,63 del índice de Gini, según la Comisión Europea). Desde luego, ya no está clara la relación entre democracia y economía de mercado, algo que, por otra parte, nunca estuvo tan claro como sus defensores argumentaban. Asistimos a un período en el que la gente cada vez está más descontenta con el modelo democrático vigente, y eso se traduce en el crecimiento de movimientos políticos populistas o de extrema derecha, en ambos casos muy desvinculados de propuestas democráticas, algo que hemos mencionado anteriormente; es decir, la democracia parece estar en un período menguante, con clara desafección ciudadana (Spitz, 2018; Cohen y Runciman, 2018).  A eso se une un potente crecimiento de la tecnocracia, una tendencia que nace ya en los comienzos del siglo XIX y acompaña a la democracia liberal desde entonces, como vimos en el caso de Taylor, pero que se acentúa en el siglo XXI, dada la complejidad de los problemas que se plantean en la actualidad y el elevado nivel de tecnología que exigen.

Esta combinación de complejidad tecnológica y neoliberalismo radical ha dado lugar a unas élites extractivas que podemos definir claramente como aristocracia o plutocracia, en las que se establecen sólidos lazos entre los intereses de las grandes empresas, las élites sociales y los políticos que ocupan posiciones de poder (Acemoglu y Robinson, 2012). Esas personas acumulan capital para poder generar los proyectos que satisfagan los intereses de su grupo o clase social, y cuentan con la colaboración directa de los técnicos y científicos cualificados, que diseñan las soluciones tecnológicas más adecuadas para satisfacer esos intereses, no los de la población, sino los de esa minoría, siendo el Banco Central Europeo un ejemplo muy claro de ese modelo. El quintil más alto de las clases sociales, o más bien el 9,9 % de la población, goza de una situación y un poder que convierte en irrelevantes, si no en pura ideología en sentido estricto, valores fundamentales de la democracia, incluida la democracia liberal, como la meritocracia, la movilidad social o la igualdad, no solo económica o social, sino incluso la igualdad ante la ley (Stewart, 2018).

Breve conclusión y expectativas

De lo expuesto anteriormente es importante destacar tres grandes conclusiones: a) las dificultades que conlleva desarrollar propuestas de democracia económica, y más en concreto de democracia empresarial; b) la específica situación actual, en la que asistimos a una clara degradación de requisitos elementalespara un funcionamiento equitativo de la economía y para aplicar soluciones democráticas a los grandes riesgos existenciales que ahora mismo nos amenazan (Bostrom, 2013); y c) las abundantes y valiosas propuestas que se están proponiendo y llevando a la práctica.

En principio, y con los datos que se pueden obtener, todo indica que no es fácilmente compatible la democracia con el modelo de empresa propio de las relaciones sociales de producción capitalistas que son dominantes en el mundo actual. Dos son las razones fundamentales: por un lado, el afán de lucro que rige los objetivos de las empresas, preocupadas sustancialmente por el incremento de los beneficios; por otra parte, la asimetría de poder entre las partes interesadas en una empresa, siendo casi omnímodo el poder de la cúpula jerárquica, formada por los altos cargos de la empresa y los propietarios mayoritarios de la misma, sean personas privadas o accionistas mayoritarios. Los trabajadores están siempre en clara situación de desventaja. No es de extrañar, por tanto, que algunas iniciativas, como puede ser la llamada responsabilidad social corporativa, no pasen de ser  intentos cosméticos para aparentar un compromiso social solidario que apenas existe. Si entendemos la democracia en un sentido amplio, lo que implica elementos procedimentales y sustantivos (el fuero y el huevo, en lenguaje más coloquial), la democracia y la empresa tienen rasgos contradictorios. Afrontar la radical fragmentación del poder para evitar el uso abusivo del mismo solo se soluciona si avanzamos más hacia una a-cracia que hacia una democracia, esto es, hacia un proyecto de acción constante encaminado a evitar la acumulación de poder que se produce en las relaciones humanas, incluidas claro está las relaciones económicas en el ámbito de la empresa.

Por otra parte, en estos momentos precisos nos encontramos en una situación paradójica. Por un lado, son muchos los datos que nos dicen que la humanidad nunca ha vivido como vive ahora, en niveles de calidad de vida y bienestar. El optimismo de pensadores como Pinker,  Harari o Norberg se apoya en datos claros de mejora, entre los que, por citar algunos, se encuentran cuestiones tan importantes como el descenso de la violencia, el incremento de esperanza de vida o la disminución del hambre severa (Llaneras y Carretero, 2016). Cierto es que desde la crisis de 2008 se han producido algunos retrocesos importantes, como el incremento del número de personas hambrientas por tercer año consecutivo o de la desigualdad. No obstante, esas mejoras pueden ayudar a entender cómo resiste el capitalismo, a pesar de las intrínsecas injusticias que lo caracterizan. Su capacidad de generar “riqueza” es enorme, seduciendo a ciudadanos convertidos en consumidores, que pueblan los centros comerciales para satisfacer sus inducidas necesidades de consumo. Igualmente, su capacidad de colonizar y apropiarse de propuestas alternativas es grande. No obstante, es también notoria esa capacidad de generar políticas injustas, que difícilmente van a poder ofrecer soluciones democráticas a los grandes riesgos existenciales que afrontamos en estos momentos. No es de extrañar la abundante profusión de visiones más bien pesimistas, si no apocalípticas, del mundo futuro, bien recogidas en el prolífico cine que describe mundos futuros sumamente distópicos.

Por último, estamos en un momento en el que las propuestas alternativas de organización muestran una gran vitalidad, aunque siguen constreñidas por el marco del libre mercado. La llamada en general economía social, sostenible y cooperativa goza de cierta buena salud, que ofrece perspectivas de un funcionamiento formal y materialmente democrático de las empresas y la economía. Quizá no podamos decir lo mismo de las otras propuestas enfrentadas al capitalismo y la democracia liberal desde los orígenes. Los sindicatos en primer lugar, no gozan de buena salud y carecen de fuerza suficiente para frenar los constantes y crecientes abusos de los empresarios. La democracia política tampoco goza de buena salud, y crece el interés por regímenes más autoritarios, menguando algunos indicadores básicos de democracia. Por último, y vinculado a la decadencia democrática, las leyes sociales y laborales han perdido capacidad de frenar el poder excesivo de los empresarios, dejando a los trabajadores en una situación de mayor indefensión.

Insistir en esas propuestas alternativas muy variadas y muy sólidas, logrando una mayor confluencia de las mismas, parece una alternativa seria y prometedora, siempre que no perdamos las ideas reguladoras fundamentales: la fragmentación total del poder, lo que algunos llamamos la a-cracia, y el reparto realmente equitativo de la riqueza generada para promover el bien común.

 

Publicado en el Monográfico de Economistas son Frontera 

 

Referencias bibliográficas

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